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El Gobierno difundió este jueves la carta de intención y el programa económico en el que se basa el acuerdo entre la Argentina y el FMI, por un monto de US$50.000 millones a lo largo de 36 meses. Lo hizo mediante la difusión del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) y Memorándum de Entendimiento Técnico (MET), las bases del pacto con el organismo.

Entre los primeros datos que surgen del documento, se destaca que para este año, el Gobierno está trabajando con un crecimiento de apenas 0,4% y una inflación del 27%. “Esperamos que el crecimiento se sitúe este año entre 0,4% y 1,4% interanual”. El texto destaca que prefirieron ser “conservadores” a la hora de hacer las proyecciones fiscales, por lo que están trabajando “con un supuesto del 0,4%”. Hasta hace tres meses, la expectativa del Gobierno era que el PBI aumentara 3,5% este año y que la inflación se ubicara en 15%. Para 2019, Hacienda prevé un incremento de 2% en el PBI.
Control del tipo de cambio

El documento asegura que el Gobierno está comprometido con mantener “un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”. Y que se limitarán las ventas de reservas internacionales a períodos en que haya “una clara disfunción del mercado”.

Para vender los dólares en el mercado de contado y futuros, “el BCRA publicará a fines de septiembre una regulación que introduzca un mecanismo de subasta de divisas. Esto es una meta estructural para el programa”.

Banco Central

Antes de marzo de 2019 enviarán al Congreso un proyecto de ley para dotar al Banco Central de una nueva Carta Orgánica para que tenga “mayor autonomía”. Además se suspenderá la financiación de la entidad hacia el Tesoro. El ministerio de Hacienda tiene la intención de recomprar gradualmente una porción significativa de la Letras Intransferibles que están en poder del Central. ​A su vez, la autoridad monetaria reducirá el stock de Lebac.

Inflación

En el memorándum, el Gobierno admite que la inflación de este año será 27%, en línea con las expectativas de mercado que refleja el REM, el relevamiento que realiza el Central entre economistas. Para 2019 establece una meta de 17%, de 13% para 2020 y de 9% para 2021. El texto detalla que la política monetaria seguirá siendo el instrumento para intentar encauzar la escalada de precios. El Gobierno se compromete a “mantener nuestra actual política monetaria restrictiva”, hasta que vea “una señal tangible” de la baja de la inflación para 2019.

Política fiscal

Aquí se reafirma el compromiso de llevar al déficit primario a 2,7% del PBI este año, a 1,4% en 2019 y a cero en 2020. ​Pero advierten que estas proyecciones son conservadoras y que por eso incluirán, en forma prudencial, “reservas de gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos”. Y garantizan que “si los resultados económicos fueran peores” a los esperados, “estamos preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos” de déficit primario para 2018 y 2019. Además detalla que en este camino, el gobierno nacional “estará acompañado por el esfuerzo de las provincias”, dejando en evidencia que los gobernadores tendrán que sumarse al ajuste. En este sentido, el acuerdo especifica que se espera que el balance primario consolidado las provincias pase de un déficit de 0,4% en 2017 a un superávit de 1,4% del PBI hacia 2021.

Tarifas e impuestos

Continuará el sendero se reducción de subsidios a la energía y el transporte. Así, los consumidores pasarán de pagar el 80% en promedio del costo de la producción de gas en 2017 a abonar el 90% en 2020, mientras que para el gas se pasará del 60 al 90% en el mismo período. Al mismo tiempo prometen mantener los programas de tarifa social para los sectores más vulnerables.

El acuerdo mantiene el compromiso de “reducir y eventualmente eliminar los impuestos distorsivos”​ en línea con la reforma tributaria de 2017, aunque advierte que podrían “extender el período de implementación de algunas de estas modificaciones”. En concreto, este párrafo podría estar vinculado con la reformulación de la escala de reducción de las contribuciones patronales sobre el salario mínimo, que se extendía hasta 2021, o bien con la rebaja del esquema del pago de Ganancias para las empresas.

Obra pública ​

Este rubro será una de las variables centrales del ajuste. El Gobierno ya había pisado el freno en este rubro, al anunciar hace dos meses que ​no ejecutaría una partida de $30.000 millones que tenía prevista este año para proyectos de infraestructura adicionales. Ahora, advierte que continuará con “los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar al competitividad, pero pospondrá “aquellos que no lo sean”.

El texto también menciona a las asociaciones de participación público- privada (PPP) y dice que al ser financiadas por el Gobierno “serán tratadas como adquisiciones públicas tradicionales”, por lo que se medirán como parte del déficit nacional. Esto podría comprometer la realización de algunos proyectos, ya que al contabilizarlos dentro del rojo fiscal pondrían en riesgo las metas fiscales del acuerdo.

Jubilaciones y empleos

Aseguran que trabajarán para introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan “financieramente sostenible y más justo”. El texto no detalla si con esto se refiere a la modificación del sistema de jubilaciones especiales que el Gobierno ya había esbozado o si esto supone una reforma más profunda del sistema general, en la línea de la extensión voluntaria de la edad jubilatoria que se implementó en la reforma previsional del año pasado.

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