Panaderos aseguran que perdieron rentabilidad debido a los tarifazos

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Panaderos de todo el país volverán a reunirse en Buenos Aires el próximo 15 de febrero para analizar la situación del sector frente a los incrementos en el precio del pan.

Ese día vence el plazo que fijaron desde la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa) para que el Gobierno Nacional se expida sobre una serie de planteos que realizaron semanas atrás. De no obtener respuestas, la Faipa se prepara para realizar una gran movilización nacional.

De enero a enero, el precio de la harina aumentó en el último año de $240 a $850. Esto, sumado a una disminución del 40% en las ventas y al terrible incremento en los valores de los servicios públicos, empujó a varios industriales al borde del abismo. Solamente en Tucumán cerraron en 2018 alrededor de 30 panaderías. En el acumulado nacional son cerca de 1000 los panaderos que bajaron las persianas.

“Le pedimos al Gobierno que revea las tarifas porque son impagables, que revea los cese de embargos de la AFIP, que controle el precio del trigo, que autorice una reducción de aportes patronales, una moratoria a 60 meses para el pago de deudas impositivas y mayor control de la clandestinidad”, remarcó Pablo Albertus, titular de la Cámara de Industriales Panaderos de Tucumán.

Con este panorama complejo, incrementar el precio del pan no es a la vista de ningún panadero una salida potable a la crisis que vive el sector. No obstante, advierten que la situación ya es insostenible y de no mediar alguna solución a la trepada del precio de la harina, la escalada de las tarifas de los servicios públicos y la caída de la rentabilidad, la industria panadera caerá en coma.

En cuanto al ámbito provincial, la Cámara de panaderos local viene manteniendo reuniones tanto en la Legislatura como en Casa de Gobierno, pujando por una ley de panaderías que asegure controles más rigurosos para erradicar la clandestinidad.

La iniciativa prevé que las personas físicas o jurídicas que exploten panaderías deberán contar con la correspondiente habilitación, así como su inscripción en el registro que se creará al efecto. También, la prohibición de venta de pan y productos afines que no provengan de los centros de elaboración registrados. Dicha procedencia se verificará mediante el certificado expedido por el centro de elaboración.

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