Senado Define Quién Paga Tras Denuncia De Acoso Y Espera Ley Antibarras Light

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La denuncia por acoso sexual que inició una empleada legislativa contra el senador Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) tiñó de tensión a toda la Cámara alta, que sesionará pasado mañana y deberá encontrar una solución a este delicado asunto lo antes posible. Es decir: el Senado tendrá que decidir si se abraza a sí mismo de manera corporativa, como ocurrió en los últimos meses con Carlos Menem y Cristina de Kirchner, o si cede ante el tsunami de críticas -y condena social anticipada, más allá de declaraciones contundentes- que generan las serias acusaciones en cuestión.

Durante la tarde de ayer, según informaron operadores de los principales bloques a Ámbito Financiero, una primera salida a esta deleznable situación será votar en el recinto el desafuero que el propio Marino analiza solicitar. Es decir, dejar atrás la paparruchada de “renunciar” a los fueros que fomentó en el pasado reciente en Diputados el serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y que mencionó días atrás como posibilidad el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO).

La jugada de Marino sería similar a la de Eduardo Angeloz en 1996, en el marco de una investigación -luego sin condena- por enriquecimiento ilícito. No obstante, en ese entonces no existía la ley de fueros vigente. En el abanico de opciones también aparece el pedido de suspensión o expulsión de Marino a través de la comisión de Asuntos Constitucionales, que luego deberá contar con dos tercios de los votos en el recinto.

El primer sendero le quitaría un voto al oficialismo -no cuenta con mayoría en ninguna cámara del Congreso-, mientras que la segunda opción permitiría la partida del acusado y la llegada al suplente del legislador pampeano para evitar la pérdida del voto en cuestión. En caso de ser expulsado, Marino, quien negó la acusación -según dijo Pinedo-, no podría reanudar su actividad en la Cámara alta en caso de, por ejemplo, ser sobreseído.

Bajo un increíble terror a que florezcan más denuncias, el Congreso deberá continuar su agenda de sesiones extraordinarias. Diputados intentará plumear, en las próximas horas, los últimos retoques a la ya descremada ley antibarras. Tras un infantil tropezón de Cambiemos y las generosas concesiones realizadas a la oposición, la Cámara baja votará el proyecto mañana para que el Senado lo sancione durante el miércoles.

En el florero aparece también la histérica ley de financiamiento político, con la que se apunta a dar luz verde a los aportes de empresas. Aquí también hizo agua el oficialismo: impidió su tratamiento en el Senado y ahora le baja a la persiana a Diputados para que sea la Cámara alta quien avance primero con la iniciativa. Las miradas apuntan a la jefatura de Gabinete que comanda Marcos Peña, que se atolondró con un supuesto acuerdo con el PJ. El justicialismo por ahora lo niega y los senadores se reunirán mañana para tomar una postura. Anoche, el trámite comenzaba a tener una proyección negativa.

Para la sesión de mañana, la cámara de Diputados espera que el Ejecutivo incluya en el temario de extraordinarias un proyecto que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. La denominada “ley Micaela” fue presentada tras el asesinato de Micaela García, de 21 años, en abril del año pasado. También quedó pendiente un acuerdo con Chile que fue frenado por el cristinismo en la Cámara baja y también por algunos reproches desde el peronismo, que en el Senado lo acompañó.

Mientras tanto, la Cámara alta apunta a tratar la ley antibarras el miércoles y la de financiamiento político, si es que logra el consenso necesario. En la sesión de pasado mañana también se votarán diferentes ascensos diplomáticos, militares y el proyecto avalado días atrás por Diputados para desregular la producción y venta de papel de celulosa. Para el último caso, se retocará una ley K utilizada en la guerra contra medios gráficos.

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