El Congreso de Perú aprobó el jueves una ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002, algo que organizaciones de derechos humanos han advertido que promoverá la impunidad y que podría beneficiar a varias figuras como el expresidente Alberto Fujimori y militares retirados.
Según un cálculo de la fiscalía peruana difundido en junio la ley impactará sobre 550 víctimas y 600 casos, entre investigaciones y procesos judiciales, que tendrían que ser archivados o concluidos por prescripción, es decir, porque se extinguiría la responsabilidad penal por el paso del tiempo.
La norma también ha sido criticada por expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas quienes indicaron a fines de junio que “choca con los valores básicos de la comunidad internacional, fomenta la impunidad y está en patente contradicción con el Estado de Derecho”.
La ley, que había sido aprobada en una primera votación en junio, está ahora en manos de la presidenta Dina Boluarte quien puede promulgarla o devolverla con observaciones al Congreso. Boluarte, quien no ha hablado con la prensa por casi tres meses, no ha emitido comentarios públicos sobre su posible decisión.
Quien sí lo hizo fue su primer ministro Gustavo Adrianzén, quien la víspera dijo a la prensa estar “absolutamente indignado” por una orden emitida el martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió al gobierno, al Congreso y al Poder Judicial no adoptar, dejar sin efecto o no otorgar vigencia al proyecto que el jueves se convirtió en ley.
La iniciativa indica que nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002.
En Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en julio de 2002, mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo en noviembre de 2003. Los dos tratados internacionales son de cumplimiento obligatorio.
Activistas y expertos en derechos humanos afirman que la norma favorecería la impunidad. Una ley similar aprobada durante el gobierno del presidente Alan García (2006-2011) fue declarada inconstitucional un año después, en 2011, por el Tribunal Constitucional.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú dijo en junio en un comunicado que la norma “pretende limitar la aplicación de la justicia interna en caso de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002 a través de la figura de la prescripción penal”.
Añadió que la interpretación que propone el Congreso de los dos tratados internacionales “resulta jurídicamente incorrecta en tanto contradice frontalmente normas y principios del derecho internacional, que exigen al Estado peruano evitar la impunidad y garantizar la justicia para los crímenes más graves que afectan a la humanidad”.
Según la fiscalía, las investigaciones o juicios que serían afectados por la ley se refieren a matanzas, torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas —sobre todo de campesinos e indígenas de los Andes y la Amazonía— en los que están imputados decenas de miembros del ejército y la marina de guerra.
La ley también tendría efectos sobre un caso emblemático en Perú conocido como Barrios Altos y La Cantuta por el cual fue sentenciado el expresidente Fujimori quien estuvo preso desde 2007 hasta 2023 por el asesinato de 25 peruanos en 1992. Fujimori salió de la cárcel en diciembre cuando el gobierno lo liberó para cumplir un polémico indulto presidencial de 2017 avalado por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, la fiscalía indicó que la ley favorecería a Fujimori en otro juicio activo en el que pide encarcelarlo por 25 años por el asesinato de seis campesinos ocurrido en 1992.
La ley fue impulsada con los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente (1990-2000). También la apoyaron varios parlamentarios que fueron militares en la época de la violencia política entre 1980 y 2000.
Según una comisión de la verdad las víctimas del conflicto interno fueron en su mayoría indígenas que quedaron atrapados en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo terrorista Sendero Luminoso. La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70.000 muertos.
