El gobierno nacional negoció con la casta, aumentó regalías mineras, obsequió beneficios impositivos, ofreció cargos y prometió que no habría sorpresas. Todo para evitar el fiasco de pasar una semana más sin poder dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal. El artífice de este triunfo, Guillermo Francos, es partidario del “ir viendo”: se aseguró los votos para la votación en general y, ahora, de acá a la sesión del 12 o 13 de junio, el objetivo es perder la menor cantidad posible de artículos. Porque es inevitable: la oposición rechazará varios puntos de las leyes – la eliminación de la moratoria previsional, las privatizaciones e, incluso, el impuesto a las Ganancias penden de un hilo – y el oficialismo tendrá que hacer lo imposible para que sea por unos pocos votos. La recta final se define en Diputados, no en el Senado, por lo que la matemática oficialista pondrá a jugar dos variables: que no haya dos tercios blindando el rechazo de los artículos y que el derrumbe de algunos puntos claves de la ley no despierten la furia presidencial.
De las 21 firmas que tuvo el dictamen de la Ley Bases, 10 fueron en disidencia. En paquete fiscal, que incluye la restitución de Ganancias y el blanqueo de capitales, de las 9 firmas de los senadores, 7 fueron con disidencias. La aritmética es clara: el gobierno nacional consiguió lo que quería – el despacho -, pero los senadores de la oposición seguirán a la pesca de cambios en el recinto. “El gobierno solo ganó un poco de aire”, advertían en los pasillos del Senado, menos de 48 horas después de que Guillermo Francos, el flamante jefe de Gabinete, hubiera interrumpido para negociar con el trío rebelde – José Carambia, Guadalupe Tagliaferri y Edgardo Kueider – para destrabar el dictamen. Si bien en el Congreso predomina el clima de que la situación se había “ordenado” y que el gobierno había logrado anotarse los votos que le faltaban para aprobar las leyes en general, el contenido final que tendrán esas leyes aún es una incógnita.
El primero desafío de Francos la próxima semana será definir el tipo de votación que se dará en el recinto: si por artículos o por capítulos. Aquel detalle técnico fue determinante en la Cámara de Diputados, en donde Martín Menem aprendió de los errores del verano y definió forzar, en abril, una votación en particular por capítulos. Esta maniobra permitió evitar que se le cayeran varios puntos de la ley que andaban flojos de adhesiones y que, frente a la fuerza inercial de otras votaciones en contra, podrían haber terminado siendo rechazados. El gobierno quiere repetir la estrategia, pero el Senado no se lo permitirá: la mayoría opositora insistirá en que la votación sea por artículos y tiene el número para hacerse valer. Lo más probable es que se termine acordando una fórmula híbrida de votación en particular: por capítulos cuando no hay objeciones, por artículos cuando hay objeciones puntuales.
Los puntos débiles
Como parte de las negociaciones para dictaminar, el gobierno acordó una cuarentena de cambios y retoques a los dos proyectos. Modificó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral, la reforma del Estado, el blanqueo de capitales, el impuesto a las Ganancias, el monotributo social y la Ley Minera. Pero las modificaciones eran la base mínima para dictaminar y garantizarse la sanción en general (aunque todavía se observan con atención los movimientos de Martín Lousteau y los santacruceños Carambia y Natalia Gadano). Muchos de los senadores que acompañaron el dictamen de mayoría del oficialismo trabajan, por estas horas, para voltear varios de los capítulos.
Uno de las grandes incógnitas es lo que sucederá con Ganancias, que el gobierno modificó de forma tal de incrementar en un 22 por ciento el piso mínimo para las provincias de la Patagonia. Esta decisión le permitió garantizarse que los patagónicos no votarían en contra del paquete fiscal, pero le generó un conflicto con el resto de las provincias. “Si le dieron a las patagónicos, ¿por qué no nos dan a nosotros?” es una frase que se repite, con enojo, entre varios legisladores. La mayoría de los gobernadores, sin embargo, quiere la recaudación del impuesto que es coparticipable y no se anima a votarlo en contra.
Algunas senadoras patagónicas, mientras tanto, se debaten entre blindar el impuesto con las modificaciones o votarlo en contra: muchas, como las chubutenses, no confían en la promesa de Francos de que los libertarios no buscarán ratificar la versión original del proyecto – sin el beneficio para la Patagonia – en la Cámara de Diputados. En ese caso, si a los 33 de Unión por la Patria se le suman al menos 4 senadores, el capítulo se cae. Y a las patagónicas indecisas se le suman otras figuras, como Edgardo Kueider, que tampoco están a favor del tributo.
Dentro de la Ley Bases, mientras tanto, los capítulos más débiles de apoyos son las facultades delegadas, la eliminación de la moratoria previsional, la reforma laboral y las privatizaciones. Las facultades delegadas – especialmente el capítulo de reforma del Estado que habilita al Ejecutivo a intervenir, suprimir o modificar la estructura de los organismos públicos – cuentan con el rechazo de los 33 peronistas, Carambia, Kueider, Lousteau, la neuquina Lucila Crexell y el radical Pablo Blanco. La duda no es si la oposición podrá rechazar el capítulo – que lo rechazará -, sino si logrará hacerse de los dos tercios del recinto para blindarlo de cara a la votación en Diputados.
Son varios los senadores opositores que votarán a favor de la ley en general que están trabajando para conseguir los dos tercios para rechazar algunos artículos, como Blanco o Carambia. Y los dos capítulos que tienen más chances de alcanzar ese nivel de rechazo son las privatizaciones y la eliminación de la moratoria previsional. En el primer caso, los que podrían ser determinantes son los patagónicos, que se oponen a la privatización de Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Dado que las dos empresas integran un listado con otras sociedades del Estado, el rechazo a privatizar Aerolíneas o el Correo podría derivar en que se caiga todo el capítulo de privatizaciones.
El caso de la moratoria previsional, mientras tanto, es paradigmático: el oficialismo necesita que muchos de los senadores que, el año pasado, votaron a favor de su sanción, voten ahora para eliminarla. Y no tiene consenso. Gran parte de la oposición se manifiesta en contra y buscará imponer una alternativa en el recinto.
Diputados: la batalla final
La matemática del rechazo en el Senado depende, sin embargo, de lo que decidan hacer los diputados, quienes serán los que tendrán la última palabra sobre la versión final de la ley. El PRO trabajará con LLA, buscando hacer lo posible para defender la versión original sin los cambios no negociados (ese es el acuerdo, al menos, aunque algunos opositores sospechan que el oficialismo podría traicionarlos y buscar evitar los cambios negociados también). Pero en Hacemos Coalición Federal, comandada por Miguel Ángel Pichetto, y el radicalismo la opinión no está tan clara.
“Nosotros vamos a acompañar lo que salga del Senado”, sostienen en HCF, en donde predomina el hartazgo por tener que tratar por tercera vez la Ley Bases. En la oposición amigable se repite un mantra y es la necesidad de que la novela de la Ley Ómnibus se termine. “Queremos sacarnos la ley de encima para que Milei deje de echarle la culpa de todo al Congreso”, confiesan.
