La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) rastrea en toda la administración pública nacional qué contratos y convenios se hicieron con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y si se desviaron de su finalidad. Las denuncias penales que analizan la posible distorsión del uso de fondos y la esencia de esos acuerdos, encendieron las alarmas. Esta dependencia, que pertenece a la estructura de la Procuración General de la Nación, tiene facultades para investigar irregularidades administrativas y colaborar con causas judiciales.
Una de las cuestiones que está en la mira fue revelada por Página/12: la delegación de la licitación y compra de alimentos (aceite y lentejas) a la OEI por parte del Ministerio de Capital Humano. En este caso lo encomendaba la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, encargada de la política de seguridad alimentaria. Es inusual tercerizar esa tarea, lo que puede servir para eludir los controles estatales (Sindicatura General de la Nación y Auditoría General). La OEI se lleva, además, una comisión del 5 por ciento. El otro eje es el presunto uso de acuerdos laborales (que se aplican a proyectos específicos y temporarios) para pagar sobresueldos, salarios a personas sin designación y para comprar dólares a repartir entre funcionarios.
La PIA pidió documentación sobre los convenios y actas complementarias a más de una decena de reparticiones nacionales: la Secretaría de Obras Públicas, la de Desarrollo Cultural, Educación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Jefatura de Gabinete, su Consejo Asesor, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y lo que queda de lo que fue el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad. Los convenios con la OEI existen desde hace muchos años. Es un organismo multilateral que gestiona con fondos públicos (argentinos) para programas de formación (en el ámbito educativo), de desarrollo científico, promoción cultural y, tiene, además, un área de derechos humanos.
El problema es cómo y para qué se utilizan los acuerdos en cuestión y esto será analizado por la PIA, que dirige el fiscal Sergio Rodríguez. La documentación que rastrea la Procuraduría dentro de distintas áreas de gobierno abarcan a la gestión actual, pero también a las anteriores.
Las compras
Este diario mostró que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó el 6 de marzo un acta complementaria de un “Convenio Marco” con la OEI donde autoriza que la Secretaría de Niñez –por entonces a cargo de Pablo De La Torre– concrete la transferencia de 6.772.500.000 pesos. ¿Para qué era? Le pidió que adjudicara y comprara alimentos. Hasta ahora la adjudicación concretada fue para 1.650.000 botellas de aceite de 900 mililitros y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos. En un traspié, en la licitación se eligió a la empresa Alimentos Fransro SRL, que había sido denunciada por el supuesto direccionamiento de una adjudicación durante le gobierno anterior (por eso se dejó sin efecto la compra de 400.000 paquetes de lentejas).
Puntos controvertidos: los ministros no pueden autorizar con su sola firma gastos, según la Ley de Administración Financiera y el decreto que la reglamenta, que superen los 2700 millones de pesos. El cálculo se hace en módulos cuyo valor se va actualizando. Necesita la aprobación del jefe de Gabinete, que aquí no apareció; otra cuestión es la duda sobre quién controla esta licitación; un interrogante adicional es por qué el proceso de adjudicación no lo hizo como siempre el propio Gobierno en lugar de buscar a un tercero y pagar comisión. Y además: se pagaron 3.651.940.179 pesos, ¿qué pasa con el resto del dinero?
A esto hay que agregar que el vocero presidencial, Manuel Adorni, decía que los 5,9 millones de kilos de alimentos acopiados en galpones eran compras del gobierno anterior (cualquier argumento parece válido para echarle la culpa a otro). Es cierto que parte de la mercadería era vieja, tanto que casi 340 mil kilos de leche en polvo se estaban por vencer y había 40 kilos de arroz con hortalizas ya vencidos. Pero también en la lista que entregó Capital Humano de la comida guardada estaban el aceite y las lentejas de la OEI. El Gobierno no los quería entregar a los comedores con las organizaciones sociales como intermediarias.
El abogado Leonardo Martínez Herrero hizo una denuncia penal por este tema, que por ahora tiene el juez Daniel Rafecas, aunque podría mandarla a su colega Ariel Lijo, por estar emparentada con otra. Mientras tanto la Procuraduría especializada analiza los acuerdos y convenios firmados. Lo que la PIA hizo hasta ahora es iniciar un proceso sumarial, administrativo, pero puede colaborar con causa penales.
Página/12 también informó que también le encomendó a comienzos de febrero al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que participa hace tiempo del programa “Argentina contra el Hambre”, que participe en la compra de fideos, arroz y leche en polvo. Pettovello dispuso desembolsar 14.000 millones de pesos, algo que ocurrió, pero el proceso de licitación nunca terminó y por lo tanto la comida no llegó. Esto también podría enterar en la pesquisa de la PIA,
Convenios laborales dudosos
Los convenios laborales con la OEI suelen celebrarse para proyectos que duran un tiempo determinado y son por montos también establecidos. La filtración de una planilla excel que estaría relacionada con el director de administración de la secretaría de Niñez, Federico Fernández, y que revelaba por lo menos 18 casos de personas que facturaban pero que no prestaban servicios en Capital Humano, fue la pista que llevó a que el propio ministerio hiciera una denuncia, a través de la subsecretaria Legal, Leila Gianni. Aún antes la PIA ya lo estaba analizando.
Como Fernández aparecía mencionado en un informe televisivo, Gianni le pidió explicaciones. Ella misma relató esto ante el fiscal Ramiro González y describió las distintas finalidades para las que se habría desviado el uso de los contratos OEI en el caso de la secretaría de Niñez. Los nombres del excel sería personas que aportaron facturas para que el dinero luego fuera cambiado a dólares.
La denuncia también fue presentada en la Oficina Anticorrupción (OA) con el relato de Fernández quien habría dicho: “el dinero que cobraban algunos de los consultores, era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones. Por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo de la Torre (ahora exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia) para saldar la del personal que nunca fue nombrado”. De la Torre es el principal denunciado. Fue echado de Capital Humano cuando apareció la comida a punto de vencer, pero esto no fue lo denunciado.
Gianni –quien no tiene matrícula habilitada como abogada– confesó también que Fernández habló primero con ella en dependencias del exministerio de Desarrollo y de ahí lo llevaron en un auto a la secretaría de Trabajo. Le pidieron que hiciera el relato ante un escribano. Fernández, alias “Fefe”, habló pero no quiso firmar tras hablar con su abogado. En ambos lugares estuvo también otro abogado Ariel Alberto Romano que actúa en representación de la Secretaría de Niñez. Esta semana la legisladora porteña Victoria Freire le hizo un pedido de informes a la cartera de Pettovello porque Romano “oficia como abogado de un hombre condenado a 10 años de prisión por la violación de un menor de edad”. El interrogante es si hay alguna incompatibilidad por el área en la que trabaja.
