La Organización señaló que el ex sindicalista venezolano, aprehendido arbitrariamente por la policía política de la dictadura, ha perdido alrededor de 20 kilos de peso en los últimos meses y padece de problemas cardiacos
La ONG Amnistía Internacional denunció este martes la grave situación de salud y las condiciones inhumanas de reclusión que sufre el ingeniero venezolano Guillermo Zárraga, un ex sindicalista de Petróleos de Venezuela (PDVSA) de 59 años que lleva más de dos años detenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro por cargos de “terrorismo”.
A través de un comunicado dirigida a la ministra para el Servicio Penitenciario de la dictadura chavista, Celsa Bautista, la organización exigió que se le otorgue a Zárraga atención médica inmediata, así como el acceso a medicinas y alimentos. Solicitó, además, su liberación o, en su defecto, que se le respeten sus derechos humanos mientras esté bajo custodia del Estado.
“La vida de Zárraga no puede seguir en peligro por la negativa de las autoridades penitenciarias a garantizar su derecho a unas condiciones decentes de reclusión y a la integridad física”, se lee en el documento publicado por la organización en su página web.
“La salud de Guillermo ha sufrido un grave deterioro a consecuencia de las inhumanas condiciones de reclusión y la falta de nutrición adecuada. En marzo sufrió un síncope cardíaco y los análisis de sangre revelaron alteraciones severas que necesitan tratamiento médico urgente y fiable”, agrega el texto.
Según Amnistía Internacional, el ex sindicalista venezolano ha perdido alrededor de 20 kilos de peso en los últimos meses y padece de problemas cardiacos que le provocan desmayos frecuentes. Sin embargo, los funcionarios que responden a la dictadura de Maduro se han negado en reiteradas oportunidades a ofrecerle algún tipo de tratamiento médico y le han prohibido la visita de sus familiares.
“A Guillermo lo detuvieron y acusaron sobre la base de pruebas falsas o inexistentes. Además, le negaron, el acceso a asistencia letrada de confianza e incluso lo coaccionaron para que admitiera los presuntos crímenes de los que le acusaban”, denunció la ONG.
La detención de Zárraga por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la policía política de Maduro, se produjo después de que el régimen venezolano asegurara que un “ataque terrorista” había causado una explosión en una torre del complejo petrolero de Amuay, en el estado Falcón, con capacidad para producir 645.000 barriles por día.
Además de su papel como líder sindical, Guillermo Zárraga fue fotografiado junto a Juan Guaidó, reconocido líder opositor. Dicha imagen se usó en la acusación para señalar la supuesta intención de Zárraga de respaldar actos de sabotaje.
Según el acta de acusación formal del Ministerio Público, Zárraga fue acusado de proporcionar información sobre la seguridad nacional a un estadounidense que había sido detenido en septiembre y de quien se creía que era un agente de la CIA que pretendía “sabotear” dicha refinería.
“La refinería de Amuay ha sufrido de mala gestión y negligencia por parte del régimen de Maduro por más de una década. Echarle la culpa al líder sindical petrolero, Guillermo Zárraga, que se presume inocente, es una farsa y viola sus derechos humanos. Exigimos la liberación inmediata de Zarraga. El mundo está mirando. Los cargos falsos no pueden ocultar la mala gestión y corrupción que ha habido en PDVSA por muchos, muchos años”, expresó en su momento la embajada de EEUU en Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro ha hostigado, procesado y censurado constantemente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a defender los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que ha forzado a más de 7,24 millones de personas, según cifras del mes de marzo, a abandonar el país.
A principios del año 2020, la dictadura venezolana arrestó a otro trabajador de la filial marítima de PDVSA por presuntamente criticar a Maduro en una reunión, así como a dos ejecutivos del departamento de suministro y comercialización de la empresa por supuestamente proporcionar información interna a Estados Unidos.
