Los profesionales esperaban la acción judicial porque el mismo Gijena advirtió días atrás que se había abierto una investigación penal por su accionar. María Teresa Mockevich, Luciana Colombres, Viviana Matar, Jorge Ramacciotti, Constanza del Carril, Raúl Lezana, Angela Vittini y Ricardo Miguel Auad presentaron la denuncia por “homicidio agravado” contra los dos médicos intervinientes y la abogada Adriana Mónica Mazzone, un delito que contempla una condena que puede llegar hasta la prisión perpetua.
Al salir de la Fiscalía Especializada en Homicidios N°1, una de las denunciantes fundamentó su decisión en la supuesta “tortura” que sufrió la beba que falleció en el hospital Eva Perón y desplegó un amplio abanico de interpretaciones personales sobre el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema, al que calificó “nulo”.
“Hago lo que tengo que hacer”, se atajó Mockevich, quien aseguró que actuaba bajo la sospecha de que se habría cometido el delito de homicidio. Al ser consultada sobre la legislación vigente que contempla las causales de los abortos no punibles, la abogada terminó por desestimar el artículo 86 del Código Penal, el fallo del máximo tribunal y hasta las resoluciones de la ONU, que señala que representa una tortura obligar a maternar a una niña violada.
Poco después calificó el fallo FAL como una sentencia con un “fin político y no jurídico”, y consideró que las causales legales de interrupción de embarazos son “dos excusas absolutorias”. Más adelante la abogada redobló la apuesta al poner en duda también las resoluciones de la ONU. “Uno de sus comités se ha expedido pero eso no es la ONU, es uno de los comités consultivos”, manifestó.
Consultado por TN, José Gijena afirmó que “no me sorprende la presentación porque viene de grupos autodenominados provida que en realidad son antiderechos que intentan avasallar los derechos de otras personas que, como en mi caso, actué en el marco de la ley”.
