Durante el gobierno de Cambiemos, el Cepis presentó diferentes amparos judiciales ante los incrementos tarifarios dispuestos a comienzos de 2016, y en el caso de las tarifas de gas, su presentación fue la que tomó la Corte Suprema para anular por unanimidad los incrementos a usuarios residenciales y ordenar la realización de audiencias públicas.
A partir del decreto conocido hoy, la entidad entendió que “de ese modo, las tarifas de gas y de electricidad dejan de ser una mercancía y los ciudadanos dejan de estar al servicio de las ganancias de unas pocas empresas, cuyos dueños estaban íntimamente ligados al gobierno anterior”.
Según el Cepis, entre 2015 y 2019 las empresas distribuidoras que concentran el grueso de los usuarios de electricidad en Argentina (Edenor, Edesur y Edelap) “acumularon aproximadamente un mil por ciento (987,8%) de utilidades netas, es decir un 250% de ganancias limpias por cada uno de esos cuatro años”.
La entidad detalló también que en el caso de las principales generadoras eléctricas “embolsaron utilidades similares (860%) en el mismo período; es decir un 215% de ganancias anuales”.
Por ello, consideraron que es necesario “discutir cómo construir un cuadro tarifario justo y razonable para cada bolsillo que a su vez permita robustecer y desarrollar sectores productivos estratégicos, el cuidado del empleo y la sostenibilidad macroeconómica del país, que es lo que prevé el decreto que hoy publicó el Gobierno”.
