A raíz de la devaluación que siguió a las elecciones primarias, las constructoras salieron a apuntar sus cañones contra el Gobierno nacional por las demoras en los pagos y la falta de financiamiento, al advertir que la disparada del dólar dejó sin precio a los insumos, lo cual derivó en una falta de aprovisionamiento que si se extiende llevará a un parate total de la actividad.

Así lo dejo dejó entrever Camarco, la cámara que nuclea al sector, en una carta dirigida al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a quien le piden su “personal intervención” y le reclaman que tome medidas urgentes para salvar a las contratistas.

De esta manera, tras la dura derrota que sufrió el oficialismo en las PASO, el sector dejó de lado su tradicional perfil bajo -profundizado después de la causa de los cuadernos- y marcó distancia del Ejecutivo con duras críticas.

“Denunca situación excepcional para la actividad de la construcción de obra pública. Solicita declaración de emergencia y adopción de medidas urgentes”, reza el encabezado de la misiva que le enviaron al funcionario.

El documento fue impulsado principalmente por las constructoras del interior del país (en donde se sintió más el golpe recesivo), que presionaron para sacar a la luz un comunicado que no ahorró críticas sobre la política macroeconómica.

La Camarco denunció la grave situación que venía atravesando desde el año pasado, de tasas de interés imposibles y ajuste fiscal, a la cual se sumó ahora la devaluación. Es que al combo de inestabilidad financiera, falta de crédito y recorte en las partidas de obra pública, las constructoras sufrieron otro golpe que amenaza con una paralización completa de la actividad, ante la incapacidad de fijar precios para los insumos.

“La incertidumbre genera alteraciones en los mercados, que han restringido la entrega de insumos (pues el proveedor no puede determinar el costo de reposición de lo entregado) o que proponen la entrega en cuenta corriente con precio a fijar”, denunciaron.

“Es decir que, a las ya existentes dificultades de costos incontrolables y costos financieros exorbitantes, se agregan ahora dificultades de aprovisionamiento, que tornan imposible la continuidad de las obras, constituyendo una clara situación de emergencia”, alertó la Camarco.

“Solicitamos la declaración de emergencia en la ejecución de contratos de obra pública”, continúa el documento.

En ese sentido, las constructoras insistieron en que por el ajuste fiscal “se generaban graves perjuicios los atrasos crecientes en los pagos de las obras certificadas; demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente; aplicación de sanciones por incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando existen razones más que fundadas que lo justifican; indefinición de los Comitentes sobre la disponibilidad de cuota presupuestaria para los meses subsiguientes”.

“Todas esas circunstancias han provocado efectos gravísimos sobre las empresas contratistas”, puntualizaron.

A partir de este diagnóstico, las compañías del sector propusieron el “pago urgente de todo crédito a favor del contratista”, la “liquidación de las Redeterminaciones de los Precios aplicable de inmediato” y la “revisión de los precios contractuales de la obra pendiente de ejecución, en forma analítica, a valores vigentes en el momento en que se normalice la situación de los mercados”.

También reclamaron por una “neutralización de los contratos sin multas ni sanciones, estableciendo un nuevo Plan de Trabajo por acuerdo de partes o se acuerde la rescisión sin culpa”.