Analistas consideran que la propuesta del presidente Nicolás Maduro de reformar la Constitución para aplicar penas de por vida a funcionarios corruptos tiene fines electorales y será poco eficiente para prevenir malas prácticas con recursos públicos.
El presidente Nicolás Maduro propuso reformar la Constitución de Venezuela para incorporarle la pena de cadena perpetua y la inhabilitación política de por vida contra funcionarios corruptos, luego de un año de arrestos de decenas de figuras asociadas con su gobierno y con el partido principal del oficialismo por un millonario desfalco a la nación dentro de la industria petrolera.
Expertos consultados por la Voz de América consideraron que se trata de una iniciativa que contraría la tradición jurídica de Venezuela en derecho penal y dudan de su efectividad para evitar la corrupción en la función pública actual.
“Ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida por la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo”, dijo Maduro el sábado, durante la celebración de otro aniversario del contragolpe que devolvió al poder al expresidente Hugo Chávez, el 13 de abril de 2001.
Fotografía difundida el 9 de abril de 2024 por el Ministerio Público venezolano de la detención del exministro petrolero Tareck El Aissami por parte de miembros de la policía anticorrupción.
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Habían transcurrido 4 días de los arrestos de dos de sus exministros por presunta corrupción, entre ellos de su exvicepresidente Tareck El Aissami, también expresidente de la estatal petrolera PDVSA.
Ese escándalo de desvío de fondos públicos fue identificado oficialmente como “la trama PDVSA-Cripto” y, por él, están detenidos decenas de funcionarios públicos asociados al chavismo, que ocuparon gerencias petroleras, diputaciones y alcaldías.
El chavismo redactó una nueva Constitución en 1999, aprobada mediante referendo consultivo en ese primer año de gestión del expresidente Hugo Chávez. En esa Carta Magna, como en sus anteriores ediciones, no se incluyó la cadena perpetua.
El Partido Socialista Unido de Venezuela, que respalda a Maduro, tiene amplísima mayoría en la Asamblea Nacional y pudiera aprobar sin mayor retraso ni impedimento una reforma constitucional, que luego debe ser sometida a referendo consultivo.
María Alexandra Semprún, politóloga y profesora de la Universidad Rafael Urdaneta, estimó que la idea de reformar la Constitución para agravar penas contra funcionarios corruptos puede ser un “retroceso jurídico” para el país.
Venezuela, resaltó, ha sido históricamente una nación “abanderada” en materias legislativas. “Fue uno de los primeros en abolir la esclavitud, la cárcel por deudas, eliminó la expatriación (de sus ciudadanos) como pena, la pena de muerte y la cadena perpetua” para reforzar el concepto de un Estado que “aboga por los derechos humanos, “al menos en el papel”, dijo.
