El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei y que se publicó en el Boletín Oficial, comprende entre los 366 artículos “la derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera”. Fue el punto 15 del listado que leyó el jefe de Estado en la cadena nacional. De inmediato se encendieron las alarmas en Tucumán para saber de qué se trataba, por tratarse de uno de los pilares de la actividad económica y ser la responsable del 65% del azúcar que se produce en el país.
Por tal motivo, Jorge Etchandy, gerente de IPAAT, en comunicación con LV12 explicó: “Básicamente, está bueno usar el potencial porque no conocemos con profundidad el alcance que vamos a tener con estos cambios, esto es trasladable a todo lo que entra en el DNU y también en la Ley Ómnibus donde se modifican distintas normativas, se derogan y obviamente eso obliga a hacer un análisis también de todas las normativas complementarias de esas leyes que se modifican o derogan”.
“Primero hay una ley que salió en el DNU que derogaba lo que es la obligación del abastecimiento de azúcar, eso es algo que Tucumán y el norte lo viene cumpliendo hace muchísimos años y forma parte de la estructura de la matriz que tiene la industria que es básicamente cumplir siempre con el abastecimiento interno de azúcar y luego con los excedentes que son las otras dos columnas, es hacer biocombustible o exportación. Esa normativa a simple vista no afectaría en nada la actividad”, contó.
En relación a la Ley Ómnibus, recalcó que esa ley se denomina ley azúcar y lo que busca es la desregularización de lo que sería la importación y exportación de azúcar. “Hay actividades regionales que están protegidas por el Mercosur, es decir, que todos los países que forman parte en ese convenio, se comprometen a ayudar y a no ser extremadamente competitivos con las distintas actividades regionales que los competen”.
También aclaró que esta ley lo que hace es ya no tener la necesidad de que quien quiere ir e importar azúcar, tener que solicitar un permiso para hacerlo, que es lo que se está haciendo con muchas actividades. “Es por eso que nosotros tratamos e usar el potencial, porque cuando uno toca una normativa tiene que buscar no solo la ley, sino también el decreto reglamentario y todas las normas complementarias de esa ley que generalmente son muchas”.
“Hoy lo que pasaría es que con la derogación de la ley, nadie debería de pedir autorización para importar azúcar, a simple vista no afectaría siempre y cuando se sigan cumpliendo los aranceles que protegen la actividad, es decir que lo encarecen de tal manera que no es conveniente raer azúcar de Brasil”, explicó.
“Este año comenzó de manera difícil, con una sequía que afectó a los cañaverales en diciembre, enero y febrero, se esperaba menos producción y después el mismo clima actuó de distinta manera con lluvias oportunas, con pocas heladas durante el invierno y terminamos con un millón de tonelada más de caña bruta para moler y una mayor producción de azúcar”, contó.
