La luna de miel que gozan todos los presidentes durante los primeros meses de su mandato parece estar esfumándose de forma vertiginosa para Javier Milei.
A las resistencias sociales que generaron su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el posterior proyecto de “ley ómnibus” se les suman ahora los reclamos de los gobernadores que, cada vez más, aguardan un gesto que alivie las alicaídas arcas provinciales, tal como se comprometió el mandatario durante su encuentro con ellos en la Casa Rosada.
“No son las formas” es una frase que se repite casi como mantra entre los despachos provinciales. Esas cuatro palabras se acuñaron de manera encadenada a partir del anuncio en Cadena Nacional del DNU, se repitieron con el paquete legislativo enviado al Parlamento -inédito por su extensión- y vuelven a estar sobre el tapete ahora, cuando los algunos jefes provinciales denuncian extorsiones y destratos por parte del oficialismo.
“El regreso del ‘látigo y la chequera’”, detallan con sorna. Lejos y sepultada bajo la intensidad de la hora parece haber quedado la voluntad de brindar gobernabilidad, indistintamente de las escuderías políticas.
Los reclamos de los gobernadores a Javier Milei
El eje común que nuclea los reclamos de la mayoría de los gobernadores es el pedido para que el Gobierno de marcha atrás con las modificaciones al Impuesto a las Ganancias llevadas adelante durante la administración de Alberto Fernández a instancias del por entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
Esa queja quedó pendiente desde entonces e irrita cada vez más a los ejecutivos distritales, que ven cómo se dilata la presentación de un proyecto de ley que contemple la situación.
Mientras que los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se ufanan de advertir desde el principio que los anuncios de Massa eran “electoralistas” y sin sustento, sus pares peronistas insisten con la idea de hacer coparticipable el Impuesto al Cheque con el objetivo de no revivir la cuarta categoría de Ganancias, ítem que impactaba sobre un grupo considerable de trabajadores.
El anuncio del titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, de reducir al mínimo las transferencias discrecionales no colabora tampoco con la intención de gestar un vínculo fluido entre las partes.
Peor aún, el dato dado a conocer el fin de semana por Politikón Chaco respecto a la caída del 4,4% de las transferencias discrecionales en 2023 -cortando una racha de dos años consecutivos de suba- da cuenta de un duro golpe a la Coparticipación Federal. En diciembre, el índice se desplomó casi un 20%.
A ese cóctel deben agregárseles ahora las necesidades de un Milei que, escaso de estructuras en el Congreso, necesita de las provincias para llevar adelante su ambicioso plan de reformas. Traducido: por estas horas, los distritos tienen poder de fuego a la hora de negociar con Balcarce 50.
Este martes el tucumano Osvaldo Jaldo anticipó que el miércoles, en Capital Federal, hablarían de “los recursos de la provincia y del plan de obra pública”.
“Queremos que el Gobierno Nacional empiece a dar señales claras, que nos empiece a indicar qué obras vamos a poder seguir y qué obras no”, apuntó el mandatario peronista. A la vez sostuvo que junto a otros gobernadores pediría, también, precisiones para saber “de qué manera vamos a poder trabajar en este primer trimestre”. “No hablamos de todo el año porque sabemos que hoy hay variables macroeconómicas que no están definidas, que dependemos del exterior, de una refinanciación del FMI”, señaló Jaldo.
Si bien desde Nación negaron a este medio la convocatoria a un encuentro formal, lo cierto es que los contactos con el ministro del Interior y muñeca política del Gobierno, Guillermo Francos, existen. Por otra parte el bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela llevaron la tensión un paso más allá y acudieron a la Justicia contra el mega DNU de la administración libertaria.
Posicionado ya como el principal referente opositor, Kicillof presentó un amparo a través de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. A la vez, el exministro de Economía insiste en que este año dará la batalla con Nación por “los recursos que le corresponden a Buenos Aires”.
“Generamos el 40% de los recursos y solo nos vuelve el 20%. Es injusto”, repiten desde La Plata. Quintela, por su parte, formalizó ante la Corte Suprema declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto. “Este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia”, detalló el gobernador de La Rioja.
Por estos días, entonces, lejos queda el compromiso tanto de gobernadores amarillos, de Unión por la Patria (UP) y provincialistas de brindar gobernabilidad a la flamante administración nacional.
Entre los destratos que denuncian, destacan la falta de comunicación, punto en el que la gestión Milei hace agua casi en todas las esferas de su gestión. A la vez, las amenazas de motosierra al gasto y la parálisis de la obra pública son problemas reales con impacto en el territorio.
Mensaje por obra pública
Respecto al enfrentamiento abierto entre la administración bonaerense y La Libertad Avanza (LLA), el Gobierno de Axel Kicillof envió ayer un mensaje con terminales en Balcarce 50.
En sus redes sociales, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, compartió imágenes de la pavimentación de la calle Monteagudo, en la localidad Marcos Paz.
Junto al intendente local, Ricardo Curutchet, el funcionario sacó pecho y destacó: “Por decisión de Axel Kicillof, no vamos a perder un minuto para que cada día se ponga en marcha una obra pública que nos permita seguir desarrollando la provincia de Buenos Aires”.
