Las autoridades de Salud de Tucumán aceptan la ILE para una nena violada

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El secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Siprosa), Conrado Mosqueira, sostuvo ayer que si la Justicia lo aprueba “no hay impedimentos para interrumpir el embarazo” de la niña de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela materna. “Las leyes establecen que una víctima de violación puede acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) y en la provincia no hay impedimentos para hacerlo, pero se deben cumplir con todos los requisitos legales”, señaló Mosqueira.

El representante del Siprosa explicó a la prensa local que luego de que la Justicia intervenga en el caso, los profesionales deberán analizar los pasos a seguir, para confirmar si la vida de la madre no corre peligro y poder avanzar con la interrupción del embarazo. El medico señaló además, que como se trata de una menor de edad “la autorización debe ser dada por madre, padre o tutor”. Los familiares no están en condiciones de cumplir los pasos que indican las normas, ya que desde el 2014, la Justicia le quitó la tutela legal a la madre de la niña y la dejó al cuidado de su abuela materna, quien podría ser imputada por encubrimiento de los abusos. La niña prestará declaración hoy en cámara Gesell.

El martes, Soledad Bazán, de 36 años, madre de la niña, denunció en la Unidad Regional Este de la provincia, que su hija fue abusada sexualmente por Eliseo Víctor Amaya, de 65, quien es la actual pareja de la abuela materna de la niña. Siempre según el relato de la madre, hace cuatro meses el acusado aprovechó la oportunidad para abusar de la menor de edad, cuando quedó solo con ella en la casa donde vive junto a su abuela, ubicada en la comuna 7 de Abril, en el departamento de Burruyacú, al noreste de Tucumán.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, la mujer llevo a la nena a un Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de la zona, donde le confirmaron que la menor está embarazada de 16 semanas. Luego fue trasladada al Hospital del Este, donde se encuentra internada bajo la supervisión de profesionales desde el día que la madre radicó la denuncia.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter, tomó intervención en el caso y ordenó la inmediata detención de Amaya. Fuentes vinculadas con la investigación señalaron que el detenido es empleado público de la comuna donde vive y atacó a la menor de edad.

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