1- Un paquete de medidas vitales
El paquete de leyes que contienen las reformas para desregular la economía es vital para el futuro de la administración del presidente, Javier Milei. Por esa razón, puso a todos sus funcionarios a trabajar en la búsqueda de consensos, con el fin de que las iniciativas prosperen en el Congreso.
La Libertad Avanza (LLA), con marchas y retrocesos, apunta a construir una “mayoría” en la Cámara de Diputados que permita aprobar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía y la denominada ley ómnibus, y desde el espacio oficialista algunas voces aseguraron que, “en caso de ser necesario” existe disposición para introducir cambios en esas iniciativas, mientras que también admiten la dificultad de generar acuerdos en el Congreso Nacional por falta de experiencia legislativa.
2- La ruta de demandas judiciales
La decisión del juez del fuero contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico de desarmar el proceso colectivo provocó que vuelva a acelerarse la presentación de recursos judiciales contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 cuya característica saliente es la desregulación de la actividad económica. La mayor cantidad de presentaciones recayeron en el fuero contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hasta el viernes había más de 40 recursos, según pudo constatar la agencia Télam a través del sistema informático del Poder Judicial de la Nación.
Entre las presentaciones está la de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), así también el de la Federación de Municipios (FAM).
3- Un nuevo acuerdo con el Fondo
La gestión del presidente, Javier Milei, necesita acordar con el Fondo acerca de la deuda por U$S 45.000 millones que tiene la Argentina con ese organismo. Argentina tiene pendiente el giro correspondiente a la revisión que debía realizarse en noviembre, que no se efectuó por razones políticas.
Ese desembolso era de U$S 2.600 millones, cuya llegada al Banco Central estaría garantizada con este nuevo acuerdo. Pero la aspiración del gobierno es lograr el adelanto de los U$S 1.000 que corresponderían a la auditoría que debía realizarse en marzo. El Gobierno ya le pidió al FMI la unificación de los vencimientos de enero para el último día del mes por U$S 1.900 millones. De allí que el dinero que ingrese no significará una mejora en el nivel de reservas internacionales.
4- El riesgo social y el político
En medio de la actualización de precios, de una devaluación del tipo de cambio oficial y de una inflación que seguirá en dos dígitos, a la gestión presidencial del libertario se le acumulan una serie de riesgos que deberá sortear para pasar el verano y llegar hasta marzo, con la premisa de acumular los dólares por las agroexportaciones. Entre los principales riesgos, se destaca el social, con la profundización del panorama recesivo y la consecuente suba de la pobreza, el financiero, que implica una reducción en las tasas de interés en un contexto de aceleración de la inflación y con una menor calidad de los activos de los bancos, y el político, en el que se expone a la posibilidad de que no se convaliden en el Congreso las iniciativas del programa económico si no se alcanzan los consensos necesarios.
