El 4 de julio de 2018 fue aprobada en la Cámara de Diputados la denominada “Ley Brisa“, una reparación económica mensual y atención de salud para las hijas y los hijos de las mujeres víctimas de femicidios. El domingo pasado, el presidente Mauricio Macri la mencionó en el debate como un logro de su gestión, argumentando que se trataba de “un antes y después” para quienes perdieron a sus madres en hechos de máxima violencia machista. Pero los datos oficiales indican exactamante lo contrario, porque actualmente hay 2.395 menores que deberían percibir este derecho equivalente a una jubilación mínima, sin embargo sólo lo están cobrando 170. Se trata del 7,1%. No es todo, ya que cada mes las familias a cargo de las chicas y chicos pasan verdaderas odiseas para acceder al dinero.
En diálogo con Diario Popular, la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez (Frente para la Victoria-PJ), que tuvo un rol clave para que el proyecto se apruebe de manera unánime con 203 votos a favor y ninguno en contra, sostuvo que “es una inmoralidad que niñas y niños que padecieron el drama de los femicidios en sus hogares no tengan para comer o vestirse, cuando el Estado cuenta con una herramienta que los ampara”.
“La familia de la propia nena cuyo nombre lleva el nombre de la ley no cobró la reparación económica en lo que va de octubre. Ni ella, ni sus dos hermanos. Sabemos que esto ocurre en la mayoría de los casos en los que las víctimas colaterales lograron acceder al derecho. Pasan los días y no saben si cobran. Es aberrante. Y me parece realmente terrible que el presidente haya utilizado a la Ley Brisa en el debate para defender su gobierno”, dijo la legisladora.
Desde la organización no gubernamental “Atravesados por los femicidios”, que nuclea a casi un centenar de familiares de niñas, adolescentes y mujeres adultas que resultaron asesinadas en femicidios registrados en todo el país, vienen denunciando la gravísima situación y responsabilizan al gobierno nacional y los organismos a cargo de cumplir con la ley, como la ANSES y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Las cifras estadísticas son contundentes. “Son 2.395 las niñas y los niños que deberían estar cobrando esta reparación económica, pero desde el INAM nos dicen que hasta el momento la perciben unos 170. Los seleccionan a dedo. En marzo tuvimos una reunión donde nos dijeron que cada mes se sumarían 30 menores. No ocurrió nada de lo prometido. Al contrario, hay familias que dejaron de cobrar y en muchos casos los grupos tienen que esperar muchos días hasta que les acreditan la plata. Estamos hablando de la comida de los pibes y las pibas. En nuestros grupo sabemos quienes la pasan mal. Recuerdo el caso de una abuela que en Navidad le dio de comer arroz y un huevo arriba a sus nietos. Por eso nos dió asco escuchar al presidente mencionar la Ley Brisa. No la cumple”, expresó Marcela Morera, integrante de la organización de familiares y madre de Julieta Mena, asesinada en Ramos Mejía en octubre de 2015, por el femicida Marcos Mansilla.
La Ley Brisa, surgida por impulso de la sociedad civil y que lleva el nombre de la hija de Diana Barrionuevo, una joven masacrada en 2014 con una maza y su cadáver arrojado a un río dentro de una bolsa de residuos por su pareja, no se trata exclusivamente de una reparación económica equivalente a una jubilación mínima, sino que también incluye atención de salud. “En la ley que votamos en el Congreso de la Nación está claro que las chicas y los chicos tienen que recibir un seguimiento de su salud, física y emocional. Es absolutamente imprescindible, sin embargo tampoco se cumple. Ni siquiera en los casos de las familias que reciben el dinero”, dijo Alvarez Rodríguez.
