Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) más reciente subrayan la persistencia de problemas en la región, destacando la falta de independencia judicial como una razón clave.
El informe más reciente del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) revela que las Américas continúan enfrentando “serios desafíos en la lucha contra la corrupción”. Una de las razones que explicarían esta situación es “la falta de independencia judicial” que ha provocado un agravamiento de este panorama.
Dos tercios de los países de la región han obtenido una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el IPC y, según el informe, ese debilitamiento del poder judicial “debilita el estado de derecho y promueve la impunidad de los poderosos y los criminales en perjuicio de las personas y del bien común”.
A lo largo de la última década, solo Guyana (Puntuación en el IPC: 40) y República Dominicana (35) han mejorado sus calificaciones, mientras que la gran mayoría de los demás países se han estancado o deteriorado significativamente. Canadá (76) y Uruguay (73), con sistemas sólidos de pesos y contrapesos institucionales, lideran la región en integridad. En contraste, Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) registran los puntajes más bajos, caracterizados por una impunidad generalizada y la total falta de independencia judicial.
Vista de la fachada del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, Venezuela. REUTERS/Ueslei Marcelino
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Falta de independencia, corrupción e impunidad
Según la investigación reflejada en el Índice de Percepción de la Corrupción, “en América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia en el Poder Judicial facilita la corrupción y la influencia indebida de élites políticas y económicas”. Esta situación compromete la capacidad de los sistemas judiciales para aplicar la ley de manera eficaz e imparcial, minando así el funcionamiento democrático.
En países como Brasil (36), México (31) y Honduras (23), la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito socavan la independencia judicial. Esto conduce a la injusticia y a la aplicación selectiva de la ley en función de intereses políticos y de élites, garantizando la impunidad de los corruptos y obstaculizando la recuperación de activos robados.
“En casos de cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de las élites políticas, como se ha visto en Nicaragua (17), Guatemala (23) y El Salvador (31), el Poder Judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos”, señalan, y agrega que estos países han experimentado “manipulación” del Poder Judicial en procesos electorales, amenazando la democracia y consolidando dictaduras, como en el caso de Nicaragua.
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Sectores vulnerables y la pérdida de confianza
La falta de independencia judicial, la corrupción y la impunidad afectan la confianza pública en el sistema judicial. “Esto, a su vez, desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura”, advierten.
Los más desfavorecidos ante esta situación serían “las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, minorías sexuales y migrantes”, quienes a menudo enfrentan discriminación en la búsqueda de justicia.
Los resultados de un poder judicial independiente: el caso de República Dominicana
Guyana y República Dominicana son excepciones notables, registrando mejoras significativas en sus puntuaciones en el IPC. La primera ha escalado 11 puestos desde 2015 y la segunda, 7 desde 2020.
República Dominicana (35) destaca como el único país en la región que ha experimentado avances notables en la lucha contra la corrupción desde 2021. En un corto período, ha logrado fortalecer la autonomía del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República, lo que ha permitido avanzar en la investigación de casos de corrupción significativa sin interferencias externas, según el informe.
En paralelo, el país ha llevado a cabo una profesionalización del Poder Judicial, mejorando la transparencia y promoviendo su modernización digital. Además, la labor de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil ha desempeñado un papel clave al vigilar las acciones judiciales, sensibilizando a la opinión pública sobre los costos de la corrupción y demandando rendición de cuentas.
