Las amenazas de bomba se transformaron en una constante en los últimos meses en Tucumán. Varias veces por día llegaba la noticia de un establecimiento desalojado debido a una amenaza que obligaba a cumplir con el protocolo policial. Clases suspendidas y despliegue de recursos para corroborar lo que se sospechaba: no había ninguna bomba, sino que se trataba de una “broma” por parte de los autores de la amenaza.
El tema se fue de las manos y hubo un récord de 14 amenazas en una mañana. La Policía, a través de la División de Delitos Telemáticos decidió actuar e investigar quiénes estaban detrás de estas amenazas que llegaban generalmente por mail. Una tarea engorrosa que requería la colaboración de las empresas internacionales que sirven de plataforma para enviar los mensajes.
Durante este último fin de semana hubo una nueva detención, que resaltó en comparación a las anteriores: ya no se trata de un familiar de un joven que realizó la amenaza, sino de la propia autora. Y es que en este caso la autora es mayor de edad.
Una joven de 24 años, estudiante en la escuela Normal del profesorado en Biología, fue detenida y tendrá prisión preventiva por 30 días por una amenazas de bomba en esa institución el pasado 28 de agosto. En los allanamientos en los que fue aprehendida la joven, también secuestraron teléfonos celulares. El personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal (MPF) encontró mensajes que comprometían a la acusada, puntualmente uno en el que les aseguraba a sus compañeros, en un grupo de Whatsapp, que realizaría una una nueva amenaza ante la proximidad de un examen.
Otro elemento que tienen en cuenta los investigadores es que la acusada borró mensajes y ese borrado podría entorpecer el trabajo de reconstrucción de los hechos. Esto obligará a los peritos a un largo trabajo para intentar recuperar la información perdida.
La jueza Fanny Siriani ordenó que la imputada cumpla con 30 días de prisión preventiva, con un par de atenuantes: la pena será domiciliaria y no se inhibirán los bienes de la joven, algo que había pedido la fiscal Mariana Rivadeneira. Sin embargo, la magistrada remarcó que “no se trata de una adolescente, sino de una estudiante de un terciario, que está próxima a recibirse”.
