El Gobierno de Javier Milei volvió a encender la motosierra y comunicó despidos en varias Unidades De Atención Integral (UDAI), que son dependencias de la Anses para atención del público, algunas de las cuales debieron cerrar sus puertas. Este martes también se le impidió el ingreso al Ministerio de Economía a trabajadoras y trabajadores de la cartera.
A los despidos en Anses ya notificados en el Gran Buenos Aires y en la ciudad balnearia de Mar del Plata, se sumaron los de las provincias de Chaco, Río Negro, Santa Fe y Jujuy.
En Chaco cerraron de manera definitiva las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras, mientras que en Río Negro hubo 18 despidos y desafectaron las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán.
En Santa Fe, en tanto, clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo y en Jujuy hubo 11 despidos.
El ex director de la Unidad de Gestión Local de Vicente López de PAMI, Lucas Boyanovsky, confirmó los despidos en el Gran Buenos Aires y aclaró que aumentaron las solicitudes de desempleo.
“En Munro, echaron a cuatro personas, entre el viernes y ayer, y en Boulogne directamente cerraron la dependencia porque echaron a todos los empleados”, afirmó.
Las sedes de Ezpeletta, Spegazini, Villa Fiorito, Williams Morris, Cuartel V, Libertador, San Vicente y Dock Sud también están siendo afectadas por esta situación y algunas no podrán abrir sus puertas por falta de personal.
Este martes también se impidió el ingreso a trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Economía, por lo que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital convocó a una movilización en la puerta de la cartera para las 13.
“Hoy, después de 18 años de venir a trabajar 8 horas de lunes a viernes, por primera vez quiero poner mi huella y no puedo ingresar. Soy una trabajadora, no me mantiene nadie, mi única fuente de trabajo es este lugar y con el Gobierno de Milei quedé afuera, no entiendo por qué”, dijo una trabajadora del área de Normalización Patrimonial.
Una nueva ola de despidos
Según advirtió ATE la semana pasada, el 31 de marzo vencen más de 70.000 contratos de trabajadores estatales y es la fecha límite que estableció Javier Milei para ejecutar una segunda ola de despidos. “El martes o miércoles van a ser determinantes”, había advertido la organización gremial en un comunicado.
De acuerdo a trascendidos que llegaron desde el Ejecutivo, se busca una reducción de entre el 20% y 30% de la planta transitoria del Estado, por lo que los despidos podrían ser entre 14.000 y 21.000 a fin de mes.
Los rumores sobre la inminente segunda ola de despidos tomaron fuerza los primeros días de la semana pasada, cuando circuló por redes sociales un supuesto “instructivo” de despidos masivos: un manual de conducta que recomendaba a los responsables de las distintas áreas cómo ejecutar las cesantías. Por ejemplo, comunicarlas “verbalmente” y evitar discontinuar los contratos de embarazadas o dirigentes gremiales.
Desde Casa Rosada intentaron despegarse del instructivo y señalaron que “no existen esos condicionamientos” y que cada dependencia está realizando una evaluación de “eficiencia” y que será el parámetro para decidir quiénes seguirán o no en sus funciones.
Este martes, los trabajadores y trabajadoras de ATE realizarán ruidazos en ministerios y organismos públicos, como así también asambleas, radios abiertas y cortes de rutas en todas las provincias y principales ciudades del país. Además, llevarán adelante una movilización hacia el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Av. Paseo Colón 982, CABA), organismo que corre peligro de cierre tras el reciente anuncio del vocero Manuel Adorni.
“Los despidos son inminentes. Si no reaccionamos y profundizamos nuestro plan de lucha, en las próximas horas estaremos frente a un escenario de cesantías masivas. El Gobierno intenta destrozar el Estado y tenemos que resistir. No podemos permitir que se desestructure el Estado. Tenemos que defender la presencia del Estado en todo el territorio nacional”, manifestó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.
“Hasta ahora, todas las medidas del Gobierno están orientadas a erradicar derechos, destruir puestos de empleo y demoler los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares”, aseguró el referente. “Las centrales obreras deben acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. Debemos evitar que el 25 de mayo se firme el pacto de la entrega de nuestro país y eso sólo lo vamos a lograr estando en la calle”, agregó.
Respecto a las medidas de fuerza, Aguiar sentenció: “No estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo políticas públicas”. Y concluyó: “Queremos un Estado al servicio del pueblo y rechazamos cualquier posibilidad de que el Estado represente o sea garante de los intereses de las grandes corporaciones empresarias como pretende Milei”.
