Las dos imágenes se superponían, contrapuestas. Afuera del Congreso, miles de personas marchaban en defensa de la educación pública. Adentro, funcionarios del Gobierno discutían, corregían y negociaban con la oposición amigable los cabos sueltos de la Ley Ómnibus. La oposición y el oficialismo, sin embargo, no terminaban de ponerse de acuerdo. Las conversaciones se dilataban, no había fumata blanca con algunos puntos cruciales del texto -como la reforma laboral y las privatizaciones-, por lo que Martín Menem se vio obligado a aplazar el tratamiento de las leyes refundacionales de Javier Milei. Este miércoles no comenzará, finalmente, el debate de comisión ni habrá dictamen, sino que se pateará para el jueves, en busca de continuar con las conversaciones informales un día más.
Todas las pantallas de la Cámara de Diputados mostraban una cosa: cientos de miles de personas movilizando en distintos puntos del país en contra del ajuste a la universidad pública. En el despacho de Menem, mientras tanto, los emisarios de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO espiaban sus celulares y los televisores, atentos a lo que ocurría afuera del Congreso. Allí estaban Alejandro Cacace (UCR), Soledad Carrizo (UCR), Pamela Verasay (UCR), Nicolás Massot (HCF), Oscar Agost Carreño (HCF), Germana Figueroa Casas (PRO) y Luciano Laspina (PRO) discutiendo, todos, con los emisarios que había mandado Javier Milei para terminar de cerrar el borrador de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La discusión había arrancado a las 10 y se extendió hasta después de las 21.
“Es todo mucho más sano pero sigue siendo tóxico”, murmuraba uno de los negociadores mientras se tomaba un recreo del debate. Uno de los focos de discusión era la reforma laboral, que el Gobierno había decidido introducir en la Ley Ómnibus luego de que la Justicia suspendiera el capítulo laboral del DNU. Los legisladores trabajaban sobre un borrador propuesto por la UCR, pero no terminaba de haber acuerdo respecto de la eliminación de las multas por trabajo no registrado y la suspensión de la obligatoriedad del pago de las cuotas solidarias de los sindicatos. El titular de HCF, Miguel Ángel Pichetto, explotó cuando se enteró de esto último y comenzó a operar para quitar el capítulo laboral del proyecto de la ley. O al menos incluir solo tres puntos clave: período de prueba de seis meses, fondo de cese laboral que reemplace las indemnizaciones, y reducción de las multas.
Otro de los puntos en discusión era la restitución del Impuesto a las Ganancias. En el PRO, HCF y la UCR le reclamaban al Gobierno que sostuviera una actualización trimestral de las escalas, no anual como sostiene el proyecto, para evitar que la inflación terminara llevando a que más trabajadores paguen el impuesto. Rolandi les había ofrecido, a modo de contrapropuesta, que la actualización fuera semestral. Al cierre de esta edición se analizaba la posibilidad de que fuera trimestral durante el primer año y, después, anual. Pero no era el único motivo de discusión dentro del paquete fiscal: la oposición reclamaba también premios para buenos contribuyentes, así como exenciones para algunos sectores (en Ganancias). “Quedamos como unos boludos, si no. ¿Estamos regalando millones en moratorias y blanqueos y no podemos sumar eso?”, se quejaba un opositor.
Privatizaciones era un capítulo aparte. El foco de la discusión era el Banco Nación: una de las 18 empresas públicas que el Gobierno quiere poner como sujeta a privatización y que varios sectores de la oposición amigable rechazan -como los cordobeses que responden a Martín Llaryora-. El problema no es solo su presencia en el listado, sino que el Gobierno, en el último borrador, incluye la posibilidad de que su privatización parcial -no permite la privatización total- no derive necesariamente en el control estatal de la empresa. Es una discusión técnica: la oposición quiere que se especifique que el Estado seguirá teniendo el control mayoritario de las acciones y el gerenciamiento.
Pese a los desencuentros -que se extendían también al capítulo de los fideicomisos y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad-, la oposición se jactaba de haber logrado algunas mejoras. Se había ampliado el listado de organismos que Milei no podía intervenir o eliminar como parte de las facultades delegadas. Son el Incaa, Conicet, Anmat, Enacom, UIF, INTA, el Malbrán, entre otros. Se había logrado eliminar, además, el famoso artículo 70 que habilitaba a Milei a intervenir en la desregulación de la economía a piacere.
Los dirigentes de HCF y la UCR venían presionando, por otro lado, para incluir una compensación en las jubilaciones dentro del texto de la Ley Ómnibus. Pedían sumar un 8 por ciento de aumento para enfrentar la pérdida por inflación sufrida desde enero. El Gobierno se venía resistiendo. Los radicales sí consiguieron, en cambio, una alternativa a la eliminación de cuajo de la moratoria previsional: se crea una “prestación previsional proporcional” que, haciendo base en la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) -un 80 por ciento de la jubilación mínima-, iba incrementando el valor de acuerdo a la cantidad de años aportados. Este mecanismo, ideado por Cacace, pretende diferenciar entre los que, por ejemplo, aportaron 20 y años y los que no aportaron nunca.
El camino está allanado para la aprobación de la ley pero falta, aún, atar algunos cabos sueltos. Es por eso que el ambicioso cronograma de Menem, que pretendía tener el miércoles ya dictaminada la Ley Bases, deberá esperar al jueves. La fecha para la sesión, sin embargo, sigue siendo la misma: el Gobierno quiere tener el 1 de mayo a la madrugada ya aprobada su Ley Ómnibus.
